El triste asesinato de un joven a manos de la ¿seguridad? de la discoteca Balcón de Rosales, deja ver las fisuras de la política anoréxica de nuestra ciudad. El alcalde y la presidenta están nerviosos. Tres han sido los asesinatos cometidos en menos de un año en la Comunidad de Madrid por porteros de discotecas. Los dos primeros en Fuenlabrada no tuvieron repercusión ni social, ni mucho menos política. Nadie tomo medidas entones.
La presión mediática de este tercer asesinato ha puesto en el punto de mira al ayuntamiento como agente activo ante las irregularidades constantes que cumplen los locales de ocio en Madrid. No hay que obviar que el ayuntamiento recibía la cantidad irrisoria de 700 euros por parte de Parque Reunidos (empresa gestora de la discoteca), aun sabiendo el empacho de multas e irregularidades que acumulaba el local.
La solución populista que toma el alcalde es cerrar locales sin contemplaciones. Así ha caído La Riviera, base central de los acontecimientos musicales más relevantes de nuestra ciudad. Ahora Madrid esta herida de muerte, parece no importar ahogar a una escena cultural tan primordial y necesaria como la música en directo, y de paso dejar en peligro el trabajo de mucha gente: promotores, técnicos, cargas y descargas, limpieza, etc.
El problema de la seguridad en algunos clubs de Madrid es preocupante. La pasividad política, que permite el limbo legislativo y la falta de regulación en el trabajo de portero de discoteca, tiene como resultado la perdida de vidas humanas.
Esto debe servir como lección. Que trabajen para profesionalizar el sector, como hizo Cataluña inmediatamente después de un acontecimiento idéntico y que los empresario cumplan la ley. En cambio si se piensa que el problema se soluciona poniendo candados y tirando las llaves al río, andamos por mal camino.
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